Amparados de Acteal no regresarán a Chenalhó

14 08 2009

acteal chiapasLa celebración de este acuerdo mira exclusivamente a la distensión y a la paz

Tuxtla Gutierrez. El Gobierno del Estado de Chiapas acordó con las personas amparadas, por decisión de la Sala Primera del Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el caso Acteal, el no regreso al municipio de Chenalhó, informó el secretario de Gobierno, Noé Castañón León.

            El gobierno estatal otorgará todas las facilidades para que estas personas, recién liberadas, se ubiquen en un punto geográfico diferente, y distante, dentro del territorio estatal, “en el que puedan reiniciar su vida en libertad, con dedicación al trabajo”, dijo el encargado de la política interna de Chiapas.

Además, la administración estatal brindará bonos de vivienda y otros apoyos para la reubicación de estas personas, así como facilidades administrativas y económicas para que se reincorporen a la sociedad y a la vida productiva en un ambiente de conciliación y armonía, anunció Castañón León.

Las propias personas amparadas por la justicia federal, expresaron en la mesa de diálogo su intensión de no retornar a Chenalhó

            Todo lo anterior responde –dijo Noé Castañón— al empeño del Gobierno del Estado en la atención inmediata, cercana y ponderada de los problemas sociales, comunitarios, individuales o de cualquier índole para fortalecer la distensión, la paz y la convivencia armónica y civilizada.

            El Gobierno de Chiapas inscribe su actuar en el fortalecimiento al Estado de Derecho, el respeto irrestricto de la Ley, el combate a la delincuencia y el destierro de la impunidad.

            En este caso específico, se busca abonar a la distensión social. “La celebración de este acuerdo mira exclusivamente a la distensión y a la paz, dejando incólume el derecho y el reclamo sentido y legítimo de los familiares y amigos de las victimas de Acteal, con quienes el gobernador Juan Sabines comparte la esperanza de una justicia pronta y verdadera”, explicó en este sentido.

            “Con esos propósitos, el gobierno se ocupa con puntualidad, pero sin preferencias o inclinación alguna, en la atención que amerita la liberación de veinte personas inicialmente involucradas en la masacre de Acteal, acaecida en diciembre de 1997, y ahora amparadas por el máximo tribunal del país; cuyas resoluciones constituyen la verdad legal y son materia de inmediato cumplimiento”.

 


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